La próxima semana podrían volver los paros de UTA
Si hasta el lunes no cobran lo que se les adeuda, los trabajadores tomarán medidas de fuerza nuevamente. Empresarios reclaman más fondos estatales y advierten que podrían reducir frecuencias y suspender a choferes. En el medio, los ciudadanos quedan de rehenes de un servicio cada vez más precario.
El conflicto -interminable- entre la UTA y los empresarios de AETAT sumó esta semana un nuevo capítulo, luego de que los choferes dispusieran cortar el servicio durante 4 horas este miércoles, para reclamar el pago de una deuda de haberes de abril, mayo y el bono de 60.000 pesos anunciado por el Gobierno Nacional. En simultáneo, los empresarios insisten en se deben actualizar las compensaciones tarifarias que reciben por parte de Nación y Provincia o de lo contrario no cumplirán con sus obligaciones salariales, iniciando además reducciones de servicio a partir del 1 de octubre.
En cuanto al reclamo de los choferes, este jueves se llevó adelante una asamblea de delegados del gremio en la cual se decidió adoptar un compás de espera hasta el próximo lunes. Al término del conclave, César González, secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), informó que el viernes, sábado y domingo, los colectivos circularán con normalidad. Sin embargo, si hasta el lunes los empresarios no abonan lo adeudado, los trabajadores tomarán medidas de fuerza.
A principios de este mes, el gobierno de la provincia tuvo que intervenir -nuevamente- para evitar la prologanción del conflicto entre AETAT y UTA, en el marco de un esquema de suspensiones masivas aplicado por los empresarios bajo el pretexto de afrontar la crisis económica.
Este mismo miércoles, el gobierno nacional emitió un comunicado para dar a conocer que viene cumpliendo en tiempo y forma con el envio de los fondos comprometidos para el transporte público en el Presupuesto 2023, más una actualización no prevista en la ley aprobada por el Congreso. Por su parte, la provincia viene abonando por adelantado la parte que le corresponde según el acuerdo alcanzado con Nación, UTA y la FATAP.
Aún así, los propietarios insisten en que el dinero que llega a sus arcas (por fondos estatales y corte de boleto) no les permite cubrir los costos de mantener operativo el servicio que brindan, ni mucho menos mejorarlo, motivo por el cual el transporte público continúa un camino de deterioro iniciado en 2015, cuando se decidió el congelamiento de los aportes de Nación, previo al cambio de paradigma que impulsó el macrismo.
Sin una decisión firme de las autoridades concedentes de impulsar una reforma del sistema de transporte público o bien, de intervenir en las empresas para realizar un real diagnóstico de la situación y tomar medidas en consecuencia, las únicas alternativas para superar el conflicto son mejorar el reparto del Fondo Compensador o autorizar una suba de la tarifa. El primero de los casos supone un impacto fiscal que parece no estar dispuesto a asumir el gobierno. El segundo pondría al usuario en la injusta situación de afrontar un costo mayor por un servicio cada vez más decadente.
