El Gobierno imputó a grandes empresas por generar desabastecimiento

La inusual medida generó rechazo entre economistas que la comparan con sanciones que no se aplican desde el último gobierno de Juan Domingo Perón, quien amenazó con “colgar” a los especuladores.

La Secretaría de Comercio Interior, a través de la Subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores (SSADC), informó que “imputó” a las empresas Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian, a las que acusó de retención en sus volúmenes de producción o de falta de entrega de determinados productos de consumo masivo para su comercialización. Hay que remontarse varias décadas atrás para encontrar otros casos de aplicación de sanciones por desabastecimiento a las compañías.

Según el portal Infobae, “las imputaciones se realizaron luego de verificar que las mencionadas empresas habrían incumplido la intimación a incrementar su producción hasta el más alto grado de su capacidad instalada y arbitrar los medios a su alcance para asegurar su transporte y distribución con el fin de satisfacer la demanda”, aseguró un comunicado difundido por el ministerio de Desarrollo Productivo.

Desde el ministerio explicaron que se trata de un proceso administrativo y que la medida se tomó en el marco de la resolución 100/2020, publicada el año pasado, que estableció el marco legal para la implementación del programa de Precios Máximos. Durante las fiscalizaciones realizadas en comercios, según detallaron, los inspectores de la subsecretaría identificaron algunos faltantes en góndolas de productos de consumo masivo. Por eso, más tarde, se realizaron inspecciones en las oficinas administrativas de diversas empresas proveedoras, lo que derivó en pedidos de información sobre stocks e inventarios de noviembre y diciembre de 2020, y enero de 2021.

En los casos en que se verificó una reducción de la producción o en la distribución de alimentos, bebidas, productos de higiene personal y limpieza, las imputaciones intiman a las empresas en darle un plazo de cinco días hábiles para que acrediten ante la Subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores (SSADC) haber dado cumplimiento a la norma. También se les requiere que restablezcan los niveles de stock registrados a noviembre 2020 y “arbitren las medidas conducentes para asegurar el transporte y provisión de los productos para su efectiva comercialización”.

“Para encontrar medidas similares hay que remontarse al primer peronismo, cuando la inflación llega a dos dígitos, y a la década del ‘70, cuando en 1974 se sancionó la ley de abastecimiento. Luego, en el segundo Gobierno de Cristina Fernández, con las amenazas a las empresas durante la gestión de Guillermo Moreno”, recordó el economista Iván Carrino, de la consultora Carrino & Asociados.