Determinan que uno de cada tres policías es destinado a custodiar mujeres que denuncian violencia

Cuatro mil uniformados por día son asignados a tareas de custodia a mujeres denunciantes de violencia de género. Representan más de la tercera parte de los 11.000 agentes de la fuerza.

La superpoblación carcelaria en comisarías de Tucumán ha expuesto a la luz pública la crisis del Poder Judicial de la provincia. Esto fue puesto en la agenda pública en las últimas semanas, a raíz de las reiteradas fugas de las dependencias policiales en distintos puntos de la provincia. Los arrestos se ven colapsados por la cantidad de detenidos, ya sea con prisión preventiva o cumpliendo una condena ya dictada por la Justicia. Los penales de la provincia ya no dan abasto, por lo que quienes deberían estar alojados ahí son trasladados a comisarías, destacamentos y otro tipo de dependencias policiales. Es así que en lugares en los que debe haber diez personas, se pueden encontrar el doble y más. En los últimos días también se han registrado motines en diferentes comisarías.

El tema seguridad es uno de los que más le interesan al gobernador electo, Osvaldo Jaldo. El tranqueño pide insistentemente acción contra el delito y sobre todo prevención. En sus días al frente de la Gobernación, por la ausencia de Juan Manzur, aprovechó para reunirse con la plana mayor de la Policía y con el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, y reiterar estas exigencias. La llegada del extitular del Equipo Científico Fiscal (ECIF) se dio, justamente, por la fuga que sacudió a la provincia: Roberto Rejas, exguardiacárcel, apenas había sido condenado por el crimen de Milagros Avellaneda y su hijo Benicio cuando se escapó fácilmente del cuartel de Bomberos en donde estaba alojado y fue encontrado en Salta. El caso eyectó del cargo a Claudio Maley, antecesor de Agüero Gamboa. Rejas fue enviado a esa dependencia de escasa seguridad hasta tanto se pudiera encontrar un lugar en el penal de Villa Urquiza.

La superpoblación carcelaria tiene otros efectos sobre la seguridad en las calles: muchos policías son destinados a cuidar a los presos en las comisarías y una gran parte es mandada a realizar custodias y consignas a partir de denuncias por violencia de género. Según el periodista Gustavo Rodríguez, son 740 los efectivos designados a cubrir custodias fijas por casos de violencia de género y 3.600 los que realizan custodias móviles. Esto suma más de un tercio de la fuerza policial, que hoy tiene alrededor de 11.000 efectivos.

Según la columna del periodista de La Gaceta, el rigor en este tema se incrementó a partir del femicidio de Paola Tacacho, la profesora de Inglés asesinada por su acosador a quien denunció en reiteradas ocasiones. El acusado la mató en la vía pública en octubre de 2020, a pesar de tener vigente una prohibición de acercamiento. El caso fue una bisagra y hasta significó la destitución del por entonces juez Fracisco Pisa. Esta lectura fue ratificada por el abogado penalista Macario Santamarina, quien declaró que «en Tucumán existe una hipersensibilidad ante estos casos» a partir de ese antecedente.

Esta rigurosidad, que por las declaraciones de los funcionarios parece ser innegociable, ha aumentado la cantidad de detenciones y obligó a la Policía a ingeniárselas para alojar a los denunciados en distintos edificios de la fuerza. Se especula con que la mitad de los detenidos en comisarías están relacionados a denuncias por violencia de género. También ha abierto un debate en la esfera judicial: «Desde el punto de vista jurídico, lo que es para pensar, es que hay un artículo específico del código, el 237, que cuando tenés una pena de ejecución condicional no podés ir preso y es lógico, si al ser condenado no vas preso, no podés estarlo durante la investigación», declaró Santamarina.

De acuerdo al último “Informe de indicadores” que se encuentra en la web de la Justicia tucumana, y que muestra cifras del 1 de febrero al 30 de junio, hubo 244 prisiones preventivas por lesiones y 174 por amenazas, lo que arroja un total de 418 detenidos. Para tener una magnitud de la cantidad de estas detenciones, 450 fueron realizadas por robo y hurto: 369 robos y 81 hurtos. Según La Gaceta, el fuero penal de Tucumán ha entrado en un frenesí de encarcelamiento de varones por la violencia de género porque las tucumanas obtienen “respuestas más rápidas que en un juzgado de Familia”: si bien no hay información oficial, los detenidos por violencia de género alcanzarían al 50% de los de los 1.800 reos que están alojados en las comisarías, que sólo tienen capacidad para poco menos de 500 personas.

Desde la División de Trata de Personas y Violencia de Género de la Policía aportan más datos: en la Jefatura se ha abierto un alojamiento provisorio donde hay 32 detenidos, condenados o procesados por causas de abuso sexual. Es decir, la Policía tuvo que abrir un nuevo espacio para alojar a acusados de delitos muy graves y evitar que sean alojados con los aprehendidos por delitos más leves. En relación a estas denuncias y las que pasan por esta división, hay entre 200 y 250 detenidos en toda la provincia (incluyendo los de la Jefatura), distribuidos principalmente en comisarías. Al no haber lugar, ya hay algunos que son alojados en la propia división hasta que se abre un cupo en alguna dependencia. Es decir, alguien detenido en Alderetes puede terminar alojado en Yerba Buena.

También explicaron la celeridad en las detenciones. Hace un año se creó una Dirección Operativa Judicial en Violencia de Género, en un trabajo conjunto entre el jefe de Policía, Julio Fernández, el subjefe Sergio Sobrecasa, y la Unidad Fiscal Proteccional del MPF. A través de esto, se aceleran los procesos de detención, ya que la Fiscalía Proteccional centraliza las denuncias más leves, las remite a la Dirección Operativa Judicial y desde allí se toma contacto con la comisaría de la jurisdicción correspondiente. Según el jefe de la División de Violencia de Género de la Policía, Ernesto Soria, el denunciado puede quedar detenido entre 15 y 60 días, si es una acusación leve, y hasta ocho meses si ha incurrido en lesiones graves. No suelen quedar en libertad condicional. Más allá del grado del delito denunciado, hay un «piso» para las denuncias relacionadas a violencia de género. También señaló que se dan muchas detenciones de hombres que violan órdenes judiciales previas, como una exclusión de hogar o una prohibición de acercamiento.

La solución a la superpoblación carcelaria estará en la inauguración de nuevo complejo penitenciario en Benjamín Paz, en el norte de la provincia. Al menos eso anuncian los funcionarios, que cuentan las horas para poder habilitar el edificio y descomprimir de una vez las comisarías. El edificio, que requiere una inversión superior a los 5.000 millones de pesos, tendrá un primer módulo de 18.000 metros cuadrados de superficie cubierta y podrá recibir a 1.200 personas.

La incógnita es cuándo se podrá habilitar. Los plazos de una obra tan grande («la primera en cien años en materia carcelaria», sacan pecho desde el jaldismo) están atados a los desembolsos de fondos nacionales. En diálogo con FM latucumana 95.9, el ministro de Obras Públicas, Fabián Soria, explicó que «es una obra que sigue avanzando, con las dificultades propias del contexto macroeconómico que tiene el país», que «el gobernador (Juan Manzur) y el vicegobernador (Osvaldo Jaldo) lo tienen muy en agenda» y que la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU), a través de su titular, Alfredo Quinteros, informó que la obra «tenía una finalización de 10 meses para el primer módulo».

Fuente: El Tucumano